LEY 20.584

La Ley 20.584 publicada 24 de abril del 2012, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Si quieres conocer esta Ley más a fondo, haz click en el link que aparece a continuación:

LEY-DE-DERECHOS-Y-DEBERES-DEL-PACIENTE

Si no puedes descargarla, a continuación pasamos a detallar la norma:

 

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Tipo Norma :Ley 20584
Fecha Publicación :24-04-2012
Fecha Promulgación :13-04-2012
Organismo :MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Título :REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN
RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD

Tipo Versión :Unica De : 01-10-2012
Inicio Vigencia :01-10-2012
Id Norma :1039348
URL :http://www.leychile.cl/N?i=1039348&f=2012-10-01&p=

LEY NÚM. 20.584
REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES
VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:

“TÍTULO I”
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes que las
personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Sus disposiciones se aplicarán a cualquier tipo de prestador de acciones de
salud, sea público o privado. Asimismo, y en lo que corresponda, se aplicarán a los
demás profesionales y trabajadores que, por cualquier causa, deban atender público
o se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud.

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que
ejecute las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su
rehabilitación, a que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación
arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes.
La atención que se proporcione a las personas con discapacidad física o mental
y a aquellas que se encuentren privadas de libertad, deberá regirse por las normas
que dicte el Ministerio de Salud, para asegurar que aquella sea oportuna y de igual
calidad.

Artículo 3º.- Se entiende por prestador de salud, en adelante el prestador,
toda persona, natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad sea el
otorgamiento de atenciones de salud. Los prestadores son de dos categorías:
institucionales e individuales.
Prestadores institucionales son aquellos que organizan en establecimientos
asistenciales medios personales, materiales e inmateriales destinados al otorgamiento
de prestaciones de salud, dotados de una individualidad determinada y ordenados bajo
una dirección, cualquiera sea su naturaleza y nivel de complejidad. Corresponde a
sus órganos la misión de velar porque en los establecimientos indicados se respeten
los contenidos de esta ley.
Prestadores individuales son las personas naturales que, de manera
independiente, dependiente de un prestador institucional o por medio de un convenio
con éste, otorgan directamente prestaciones de salud a las personas o colaboran
directa o indirectamente en la ejecución de éstas. Se consideran prestadores
individuales los profesionales de la salud a que se refiere el Libro Quinto del
Código Sanitario.
Para el otorgamiento de prestaciones de salud todo prestador deberá haber
cumplido las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los procesos de
certificación y acreditación, cuando correspondan.

TÍTULO II
Derechos de las personas en su atención de salud

Párrafo 1º
De la seguridad en la atención de salud
Artículo 4º.- Toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de
salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores
institucionales cumplan las normas vigentes en el país, y con los protocolos
establecidos, en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de
salud, referentes a materias tales como infecciones intrahospitalarias,
identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud
y, en general, todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas
comúnmente aceptadas. Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene
derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso,
independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado.
Las normas y protocolos a que se refiere el inciso primero serán aprobados por
resolución del Ministro de Salud, publicada en el Diario Oficial, y deberán ser
permanentemente revisados y actualizados de acuerdo a la evidencia científica
disponible.

Párrafo 2º
Del derecho a un trato digno
Artículo 5º.- En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir
un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia.
En consecuencia, los prestadores deberán:
a) Velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la
atención; cuidar que las personas que adolezcan de alguna discapacidad, no tengan
dominio del idioma castellano o sólo lo tengan en forma parcial, puedan recibir la
información necesaria y comprensible, por intermedio de un funcionario del
establecimiento, si existiere, o con apoyo de un tercero que sea designado por la
persona atendida.
b) Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y
amabilidad generalmente aceptadas, y porque las personas atendidas sean tratadas y
llamadas por su nombre.
c) Respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona durante su
atención de salud. En especial, se deberá asegurar estos derechos en relación con
la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o uso.
En todo caso, para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o
fines periodísticos o publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente
o de su representante legal.
La atención otorgada por alumnos en establecimientos de carácter docente
asistencial, como también en las entidades que han suscrito acuerdos de
colaboración con universidades o institutos reconocidos, deberá contar con la
supervisión de un médico u otro profesional de la salud que trabaje en dicho
establecimiento y que corresponda según el tipo de prestación.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Salud establecerá las normas para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal c) y en el inciso precedente.

Párrafo 3º
Del derecho a tener compañía y asistencia espiritual
Artículo 6º.- Toda persona tiene derecho a que los prestadores le faciliten la
compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización y con ocasión
de prestaciones ambulatorias, de acuerdo con la reglamentación interna de cada
establecimiento, la que en ningún caso podrá restringir este derecho de la persona
más allá de lo que requiera su beneficio clínico.
Asimismo, toda persona que lo solicite tiene derecho a recibir, oportunamente y
en conformidad a la ley, consejería y asistencia religiosa o espiritual.
Artículo 7º.- En aquellos territorios con alta concentración de población
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indígena, los prestadores institucionales públicos deberán asegurar el derecho de
las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir una atención de
salud con pertinencia cultural, lo cual se expresará en la aplicación de un modelo
de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas, el cual deberá
contener, a lo menos, el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los
conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos
originarios; la existencia de facilitadores interculturales y señalización en
idioma español y del pueblo originario que corresponda al territorio, y el derecho a
recibir asistencia religiosa propia de su cultura.

Párrafo 4º
Del derecho de información
Artículo 8º.- Toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le
proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma
visual, verbal o por escrito, respecto de los siguientes elementos:
a) Las atenciones de salud o tipos de acciones de salud que el prestador
respectivo ofrece o tiene disponibles y los mecanismos a través de los cuales se
puede acceder a dichas prestaciones, así como el valor de las mismas.
b) Las condiciones previsionales de salud requeridas para su atención, los
antecedentes o documentos solicitados en cada caso y los trámites necesarios para
obtener la atención de salud.
c) Las condiciones y obligaciones contempladas en sus reglamentos internos que
las personas deberán cumplir mientras se encuentren al interior de los
establecimientos asistenciales.
d) Las instancias y formas de efectuar comentarios, agradecimientos, reclamos y
sugerencias.
Los prestadores deberán colocar y mantener en un lugar público y visible, una
carta de derechos y deberes de las personas en relación con la atención de salud,
cuyo contenido será determinado mediante resolución del Ministro de Salud.
Los prestadores individuales estarán obligados a proporcionar la información
señalada en las letras a) y b) y en el inciso precedente.
Artículo 9º.- Toda persona tiene derecho a que todos y cada uno de los
miembros del equipo de salud que la atiendan tengan algún sistema visible de
identificación personal, incluyendo la función que desempeñan, así como a saber
quien autoriza y efectúa sus diagnósticos y tratamientos.
Se entenderá que el equipo de salud comprende todo individuo que actúe como
miembro de un equipo de personas, que tiene la función de realizar algún tipo de
atención o prestación de salud. Lo anterior incluye a profesionales y no
profesionales, tanto del área de la salud como de otras que tengan participación en
el quehacer de salud.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y
comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de
su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de
tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda
representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso previsible del
postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y
emocional.
Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le
permita recibir la información directamente o padezca de dificultades de
entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que se
refiere el inciso anterior será dada a su representante legal, o en su defecto, a la
persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que
haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender, deberá ser informada en
los términos indicados en el inciso precedente.
Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, de
aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergable implique un
riesgo vital o secuela funcional grave para la persona y ella no esté en condiciones
de recibir y comprender la información, ésta será proporcionada a su representante
o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se limite a la situación
descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser informada, de acuerdo
con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del médico tratante las
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condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su
vida. La imposibilidad de entregar la información no podrá, en ningún caso,
dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o urgencia.
Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la
adecuada confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la
existencia de lugares apropiados para ello.
Artículo 11.- Toda persona tendrá derecho a recibir, por parte del médico
tratante, una vez finalizada su hospitalización, un informe legible que, a lo menos,
deberá contener:
a) La identificación de la persona y del profesional que actuó como tratante
principal;
b) El período de tratamiento;
c) Una información comprensible acerca del diagnóstico de ingreso y de alta,
con sus respectivas fechas, y los resultados más relevantes de exámenes y
procedimientos efectuados que sean pertinentes al diagnóstico e indicaciones a
seguir, y
d) Una lista de los medicamentos y dosis suministrados durante el tratamiento y
de aquellos prescritos en la receta médica.
El prestador deberá entregar por escrito la información sobre los aranceles y
procedimientos de cobro de las prestaciones de salud que le fueron aplicadas,
incluyendo pormenorizadamente, cuando corresponda, los insumos, medicamentos,
exámenes, derechos de pabellón, días-cama y honorarios de quienes le atendieron,
antes del pago, si éste correspondiere.
Toda persona podrá solicitar, en cualquier momento de su tratamiento, un
informe que señale la duración de éste, el diagnóstico y los procedimientos
aplicados.
Asimismo, toda persona tendrá derecho a que se le extienda un certificado que
acredite su estado de salud y licencia médica si corresponde, cuando su exigencia se
establezca por una disposición legal o reglamentaria, o cuando lo solicite para
fines particulares. El referido certificado será emitido, de preferencia, por el
profesional que trató al paciente que lo solicita.

Párrafo 5º
De la reserva de la información contenida en la ficha clínica
Artículo 12.- La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se
registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas
con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la
información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá
configurarse de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre
que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y
confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los
cambios efectuados en ella.
Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios
y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron
sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo
dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.
Artículo 13.- La ficha clínica permanecerá por un período de al menos quince
años en poder del prestador, quien será responsable de la reserva de su contenido.
Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá la forma y las
condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas, así como las
normas necesarias para su administración, adecuada protección y eliminación.
Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud
de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha
clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no
vinculado a la atención de la persona.
Sin perjuicio de lo anterior, la información contenida en la ficha, copia de la
misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, a solicitud expresa de
las personas y organismos que se indican a continuación, en los casos, forma y
condiciones que se señalan:
a) Al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de
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fallecimiento del titular, a sus herederos.
b) A un tercero debidamente autorizado por el titular, mediante poder simple
otorgado ante notario.
c) A los tribunales de justicia, siempre que la información contenida en la
ficha clínica se relacione con las causas que estuvieren conociendo.
d) A los fiscales del Ministerio Público y a los abogados, previa autorización
del juez competente, cuando la información se vincule directamente con las
investigaciones o defensas que tengan a su cargo.
Las instituciones y personas indicadas precedentemente adoptarán las
providencias necesarias para asegurar la reserva de la identidad del titular las
fichas clínicas a las que accedan, de los datos médicos, genéticos u otros de
carácter sensible contenidos en ellas y para que toda esta información sea
utilizada exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida.

Párrafo 6º
De la autonomía de las personas en su atención de salud
“&”

1. Del consentimiento informado
Artículo 14.- Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para
someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud,
con las limitaciones establecidas en el artículo 16.
Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada,
para lo cual será necesario que el profesional tratante entregue información
adecuada, suficiente y comprensible, según lo establecido en el artículo 10.
En ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la
aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el
auxilio al suicidio.
Por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá
constar por escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, para la aplicación de
procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del
afectado. En estos casos, tanto la información misma, como el hecho de su entrega,
la aceptación o el rechazo deberán constar por escrito en la ficha clínica del
paciente y referirse, al menos, a los contenidos indicados en el inciso primero del
artículo 10. Se presume que la persona ha recibido la información pertinente para
la manifestación de su consentimiento, cuando hay constancia de su firma en el
documento explicativo del procedimiento o tratamiento al cual deba someterse.
Artículo 15.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, no se
requerirá la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones:
a) En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos
o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud
pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley, debiendo dejarse constancia de
ello en la ficha clínica de la persona.
b) En aquellos casos en que la condición de salud o cuadro clínico de la
persona implique riesgo vital o secuela funcional grave de no mediar atención
médica inmediata e impostergable y el paciente no se encuentre en condiciones de
expresar su voluntad ni sea posible obtener el consentimiento de su representante
legal, de su apoderado o de la persona a cuyo cuidado se encuentre, según
corresponda.
c) Cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no
es posible obtenerla de su representante legal, por no existir o por no ser habido.
En estos casos se adoptarán las medidas apropiadas en orden a garantizar la
protección de la vida.
“&”

2. Del estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente
Artículo 16.- La persona que fuere informada de que su estado de salud es
terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier
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tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de
mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento
podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte.
Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta
de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud
pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta
circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha
clínica de la persona.
Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los
profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y
comprensible.
Las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con
dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los
cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la
enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a
recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual.
Siempre podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que
ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil,
en orden preferente y excluyente conforme a dicha enunciación.
“&” .

3. De los comités de ética

Artículo 17.- En el caso de que el profesional tratante tenga dudas acerca de
la competencia de la persona, o estime que la decisión manifestada por ésta o sus
representantes legales la expone a graves daños a su salud o a riesgo de morir, que
serían evitables prudencialmente siguiendo los tratamientos indicados, deberá
solicitar la opinión del comité de ética del establecimiento o, en caso de no
poseer uno, al que según el reglamento dispuesto en el artículo 20 le corresponda.
Asimismo, si la insistencia en la indicación de los tratamientos o la
limitación del esfuerzo terapéutico son rechazadas por la persona o por sus
representantes legales, se podrá solicitar la opinión de dicho comité.
En ambos casos, el pronunciamiento del comité tendrá sólo el carácter de
recomendación y sus integrantes no tendrán responsabilidad civil o penal respecto
de lo que ocurra en definitiva. En el caso de que la consulta diga relación con la
atención a menores de edad, el comité deberá tener en cuenta especialmente el
interés superior de estos últimos.
Tanto la persona como cualquiera a su nombre podrán, si no se conformaren con
la opinión del comité, solicitar a la Corte de Apelaciones del domicilio del actor
la revisión del caso y la adopción de las medidas que estime necesarias. Esta
acción se tramitará de acuerdo con las normas del recurso establecido en el
artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Si el profesional tratante difiere de la decisión manifestada por la persona o
su representante, podrá declarar su voluntad de no continuar como responsable del
tratamiento, siempre y cuando asegure que esta responsabilidad será asumida por otro
profesional de la salud técnicamente calificado, de acuerdo al caso clínico
específico.
Artículo 18.- En el caso de que la persona, en virtud de los artículos
anteriores, expresare su voluntad de no ser tratada, quisiere interrumpir el
tratamiento o se negare a cumplir las prescripciones médicas, podrá solicitar el
alta voluntaria. Asimismo, en estos casos, la Dirección del correspondiente
establecimiento de salud, a propuesta del profesional tratante y previa consulta al
comité de ética, podrá decretar el alta forzosa.
Artículo 19.- Tratándose de personas en estado de muerte cerebral, la
defunción se certificará una vez que ésta se haya acreditado de acuerdo con las
prescripciones que al respecto contiene el artículo 11 de la ley Nº19.451, con
prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona.
Artículo 20.- Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud
se establecerán las normas necesarias para la creación, funcionamiento periódico y
control de los comités de ética, y los mecanismos que permitirán a los
establecimientos acceder a comités de ética de su elección, en caso de que no
posean o no estén en condiciones de constituir uno. Además, se fijarán mediante
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instrucciones y resoluciones las normas técnicas y administrativas necesarias para
la estandarización de los procesos y documentos vinculados al ejercicio de los
derechos regulados en este párrafo.
Dichos comités deberán existir al menos en los siguientes establecimientos,
siempre que presten atención cerrada: autogestionados en red, experimentales, de
alta complejidad e institutos de especialidad.

Párrafo 7º
De la protección de la autonomía de las personas que participan en una
investigación científica
Artículo 21.- Toda persona deberá ser informada y tendrá derecho a elegir su
incorporación en cualquier tipo de investigación científica biomédica, en los
términos de la ley Nº20.120. Su expresión de voluntad deberá ser previa, expresa,
libre, informada, personal y constar por escrito. En ningún caso esta decisión
podrá significar menoscabo en su atención ni menos sanción alguna.
Artículo 22.- Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud, en
los términos de la ley Nº20.120, se establecerán las normas necesarias para
regular los requisitos de los protocolos de investigación y los procedimientos
administrativos y normas sobre constitución, funcionamiento y financiamiento de
comités para la evaluación ético-científica; para la aprobación de protocolos y
para la acreditación de los comités por parte de la Autoridad Sanitaria; la
declaración y efectos sobre conflictos de interés de investigadores, autoridades y
miembros de comités y, en general, las demás normas necesarias para la adecuada
protección de los derechos de las personas respecto de la investigación científica
biomédica.

Párrafo 8º
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual
Artículo 23.- La reserva de la información que el profesional tratante debe
mantener frente al paciente o la restricción al acceso por parte del titular a los
contenidos de su ficha clínica, en razón de los efectos negativos que esa
información pudiera tener en su estado mental, obliga al profesional a informar al
representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre, las
razones médicas que justifican tal reserva o restricción.
Artículo 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, si
la persona no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, las indicaciones
y aplicación de tratamientos invasivos e irreversibles, tales como esterilización
con fines contraceptivos, psicocirugía u otro de carácter irreversible, deberán
contar siempre con el informe favorable del comité de ética del establecimiento.
Artículo 25.- Una persona puede ser objeto de hospitalización involuntaria
siempre que se reúnan todas las condiciones siguientes:
a) Certificación de un médico cirujano que indique fundadamente la necesidad
de proceder al ingreso de una persona para llevar a cabo la evaluación de su estado
de salud mental;
b) Que el estado de la misma comporte un riesgo real e inminente de daño a sí
mismo o a terceros;
c) Que la hospitalización tenga exclusivamente una finalidad terapéutica;
d) Que no exista otro medio menos restrictivo de suministrar los cuidados
apropiados, y
e) Que el parecer de la persona atendida haya sido tenido en consideración. De
no ser posible esto último, se tendrá en cuenta la opinión de su representante
legal o, en su defecto, de su apoderado a efectos del tratamiento y, en ausencia de
ambos, de la persona más vinculada a él por razón familiar o de hecho.
Toda hospitalización involuntaria deberá ser comunicada a la Secretaría
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Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los
Derechos de las Personas con Enfermedad Mental indicada en el artículo 29 que
correspondan.
La Autoridad Sanitaria Regional velará por el respeto de los derechos de las
personas ingresadas en instituciones de salud mental, y autorizará el ingreso de
todas las hospitalizaciones involuntarias que excedan de setenta y dos horas, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 130 y 131 del Código Sanitario.
Las Comisiones Regionales indicadas informarán de su revisión, conclusiones y
recomendaciones al Secretario Regional Ministerial de Salud para que éste, si
correspondiere, ejerza la facultad indicada en el artículo 132 del Código
Sanitario. En el evento que dicha autoridad decida no ejercer esta facultad, la
Comisión respectiva podrá presentar los antecedentes a la Corte de Apelaciones del
lugar en que esté hospitalizado el paciente, para que ésta resuelva en definitiva,
conforme al procedimiento aplicable a la acción constitucional de protección
establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin
perjuicio de las demás acciones que correspondan.
Artículo 26.- El empleo extraordinario de las medidas de aislamiento o
contención física y farmacológica deberá llevarse a cabo con pleno respeto a la
dignidad de la persona objeto de tales medidas, las cuales sólo podrán aplicarse en
los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, que no
exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere
proporcional en relación a la conducta gravemente perturbadora o agresiva.
Estas excepcionales medidas se aplicarán exclusivamente por el tiempo
estrictamente necesario para conseguir el objetivo terapéutico, debiendo utilizarse
los medios humanos suficientes y los medios materiales que eviten cualquier tipo de
daño. Durante el empleo de las mismas, la persona con discapacidad psíquica o
intelectual tendrá garantizada la supervisión médica permanente.
Todo lo actuado con motivo del empleo del aislamiento o la sujeción deberá
constar por escrito en la ficha clínica. Además de lo anterior, se comunicará el
empleo de estos medios a la Autoridad Sanitaria Regional, a cuya disposición estará
toda la documentación respectiva.
Se podrá reclamar a la Comisión Regional que corresponda la revisión de las
medidas de aislamiento y contención o aquellas que restrinjan temporalmente la
comunicación o contacto con las visitas.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las
normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las
personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos
de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud.
Artículo 27.- Sin perjuicio del derecho de la persona con discapacidad
psíquica o intelectual a otorgar su autorización o denegarla para ser sometida a
tratamientos, excepcionalmente y sólo cuando su estado lo impida, podrá ser tratada
involuntariamente siempre que:
a) Esté certificado por un médico psiquiatra que la persona padece una
enfermedad o trastorno mental grave, suponiendo su estado un riesgo real e inminente
de daño a sí mismo o a terceros, y que suspender o no tener tratamiento significa
un empeoramiento de su condición de salud. En todo caso, este tratamiento no se
deberá aplicar más allá del período estrictamente necesario a tal propósito;
b) El tratamiento responda a un plan prescrito individualmente, que atienda las
necesidades de salud de la persona, esté indicado por un médico psiquiatra y sea la
alternativa terapéutica menos restrictiva de entre las disponibles;
c) Se tenga en cuenta, siempre que ello sea posible, la opinión de la misma
persona; se revise el plan periódicamente y se modifique en caso de ser necesario, y
d) Se registre en la ficha clínica de la persona.
Artículo 28.- Ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no
pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica.
En los casos en que se realice investigación científica con participación de
personas con discapacidad psíquica o intelectual que tengan la capacidad de
manifestar su voluntad y que hayan dado consentimiento informado, además de la
evaluación ético científica que corresponda, será necesaria la autorización de
la Autoridad Sanitaria competente, además de la manifestación de voluntad expresa
de participar tanto de parte del paciente como de su representante legal.
En contra de las actuaciones de los prestadores y la Autoridad Sanitaria en
relación a investigación científica, podrá presentarse un reclamo a la Comisión
Regional indicada en el artículo siguiente que corresponda, a fin de que ésta
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revise los procedimientos en cuestión.
Artículo 29.- Sin perjuicio de las facultades de los tribunales ordinarios de
justicia, el Ministerio de Salud deberá asegurar la existencia y funcionamiento de
una Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con
Enfermedades Mentales y de Comisiones Regionales de Protección, una en cada región
del país, cuya función principal será velar por la protección de derechos y
defensoría de las personas con discapacidad psíquica o intelectual en la atención
de salud entregada por los prestadores públicos o privados, sea en las modalidades
de atención comunitaria, ambulatoria, hospitalaria o de urgencia. Serán
atribuciones de la Comisión Nacional:
a) Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas con
discapacidad psíquica e intelectual cuando éstos sean o puedan ser vulnerados.
b) Proponer al Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud
Pública, directrices técnicas y normativas complementarias con el fin de garantizar
la aplicación de la presente ley para promover y proteger los derechos de las
personas con discapacidad psíquica e intelectual.
c) Coordinar y velar por el buen funcionamiento de las Comisiones Regionales.
d) Proponer a la Subsecretaría de Salud Pública la vinculación y
coordinación de la Comisión con otros organismos públicos y privados de derechos
humanos.
e) Revisar los reclamos contra lo obrado por las Comisiones Regionales.
f) Revisar las indicaciones y aplicación de tratamientos invasivos e
irreversibles.
g) Revisar hechos que involucren vulneración de derechos de las personas y
muertes ocurridas durante la hospitalización psiquiátrica.
Serán funciones de las Comisiones Regionales:
a) Efectuar visitas y supervisar las instalaciones y procedimientos relacionados
con la hospitalización y aplicación de tratamientos a personas con discapacidad
psíquica o intelectual.
b) Revisar las actuaciones de los prestadores públicos y privados en relación
a las hospitalizaciones involuntarias y a las medidas o tratamientos que priven a la
persona de desplazamiento o restrinjan temporalmente su contacto con otras personas,
y controlar dichas actuaciones, medidas y tratamientos periódicamente.
c) Revisar los reclamos que los usuarios y cualquier otra persona en su nombre
realicen sobre vulneración de derechos vinculados a la atención en salud.
d) Emitir recomendaciones a la Autoridad Sanitaria sobre los casos y situaciones
sometidos a su conocimiento o revisión.
e) Recomendar a los prestadores institucionales e individuales la adopción de
las medidas adecuadas para evitar, impedir o poner término a la vulneración de los
derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
f) Cumplir y ejecutar las directrices técnicas emitidas por el Ministerio de
Salud.

La Comisión Nacional estará conformada por las siguientes personas, quienes se
desempeñarán ad honorem:
a) Dos miembros de asociaciones gremiales de profesionales del área de la
salud, que sean representativos del área de la salud mental.
b) Un miembro de la asociación gremial de abogados que cuente con el mayor
número de adherentes.
c) Dos miembros de sociedades científicas del área de la salud mental.
d) Dos representantes de asociaciones de usuarios de la salud mental.
e) Dos representantes de asociaciones de familiares de personas con discapacidad
psíquica o intelectual.
f) Un representante de la Autoridad Sanitaria.
La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, que coordinará su
funcionamiento y cumplirá los acuerdos que aquella adopte y estará conformada por
el personal que al efecto asigne el Ministerio de Salud.
En la conformación de las Comisiones Regionales el Ministerio de Salud
procurará una integración con similares características, de acuerdo a la realidad
local de la respectiva Región.
Un reglamento señalará la manera en que se designarán dichas personas y las
normas necesarias para el adecuado funcionamiento de las Comisiones indicadas en este
artículo.
En contra de las acciones efectuadas por los prestadores institucionales e
individuales, o por la autoridad sanitaria, las personas con discapacidad psíquica o
intelectual afectadas, sus representantes y cualquiera a su nombre podrán recurrir
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directamente a la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado para el resguardo
de sus derechos. La Comisión Nacional o las Comisiones Regionales podrán informar a
la Corte de Apelaciones del lugar en que tengan su asiento, de los casos de que tomen
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y entregarle todos los antecedentes
para que ésta restablezca el imperio del derecho.
Las acciones ante las Cortes de Apelaciones se tramitarán de acuerdo a las
normas del recurso establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República.

Párrafo 9º
De la participación de las personas usuarias
Artículo 30.- Sin perjuicio de los mecanismos e instancias de participación
creados por ley, por reglamento o por resolución, toda persona tiene derecho a
efectuar las consultas y los reclamos que estime pertinentes, respecto de la
atención de salud recibida. Asimismo, los usuarios podrán manifestar por escrito
sus sugerencias y opiniones respecto de dicha atención.
Por medio del Ministerio de Salud, con consulta a las instancias de
participación creadas por ley, se reglamentarán los procedimientos para que los
usuarios ejerzan estos derechos, y el plazo y la forma en que los prestadores
deberán responder o resolver, según el caso.
Al reglamentar la existencia de comités de ética que atiendan las consultas de
las personas que consideren necesaria la evaluación de un caso desde el punto de
vista ético clínico, se deberá asegurar la participación de los usuarios en
dichos comités. En el caso de los prestadores institucionales, serán éstos los que
provean los medios para que sus usuarios accedan a un comité de ética, si así lo
requirieren. Los prestadores individuales darán a conocer a las personas el comité
de ética al cual estuvieren adscritos. Los Servicios de Salud deberán disponer de,
al menos, un comité de ética, al cual se entenderán adscritos los prestadores
privados individuales de su territorio, en caso de no estarlo a algún otro.

Párrafo l0º
De los medicamentos e insumos
Artículo 31.- Los prestadores institucionales, públicos y privados,
mantendrán una base de datos actualizada y otros registros de libre acceso, con
información que contenga los precios de las prestaciones, de los insumos y de los
medicamentos que cobren en la atención de personas.
Asimismo, al momento de ingresar, se informará por escrito, a la persona o a su
representante, de los posibles plazos para el pago de las prestaciones, medicamentos
e insumos utilizados, así como de los cargos por intereses u otros conceptos.
En los casos en que la persona deba concurrir al pago de las atenciones que
recibe, ya sea total o parcialmente, podrá solicitar, en cualquier oportunidad, una
cuenta actualizada y detallada de los gastos en que se haya incurrido en su atención
de salud.
Artículo 32.- Si las dosis de medicamentos o insumos fueren unitarias, en el
caso de que la persona deba concurrir al pago de ellas, sólo estará obligada al
pago de aquellas unidades efectivamente usadas en el tratamiento correspondiente.

TÍTULO III
De los deberes de las personas en su atención de salud
Artículo 33.- Para el debido respeto de la normativa vigente en materia de
salud, la autoridad competente implementará las medidas que aseguren una amplia
difusión de ella.
Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de un
prestador institucional, como sus familiares, representantes o quienes los visiten,
tendrán el deber de respetar el reglamento interno de dicho establecimiento.
Artículo 34.- Sin perjuicio del deber preferente del prestador de informar de
acuerdo a lo indicado en el Párrafo 4º del Título II de esta ley, la persona que
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solicita una atención de salud procurará informarse acerca del funcionamiento del
establecimiento que la recibe para los fines de la prestación que requiere,
especialmente, respecto de los horarios y modalidades de atención, así como sobre
los mecanismos de financiamiento existentes, sin perjuicio de la obligación del
prestador de otorgar esta información.
Asimismo, deberá informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamo
establecidos.
Artículo 35.- Todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud
deberán cuidar las instalaciones y equipamiento que el prestador mantiene a
disposición para los fines de atención, respondiendo de los perjuicios según las
reglas generales.
Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de
salud, sean éstos profesionales, técnicos o administrativos. Igual obligación
corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los
acompañen o visiten.

El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los
integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras
personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la
situación lo amerite, la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso
al establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades
en él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades
civiles o penales que correspondan. También podrá ordenar el alta disciplinaria del
paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga
en riesgo su vida o su salud.
Artículo 36.- Tanto la persona que solicita la atención de salud, como sus
familiares o representantes legales, deberán colaborar con los miembros del equipo
de salud que la atiende, informando de manera veraz acerca de sus necesidades y
problemas de salud y de todos los antecedentes que conozcan o les sean solicitados
para su adecuado diagnóstico y tratamiento.

TÍTULO IV
Del cumplimiento de la ley
Artículo 37.- Sin perjuicio del derecho de las personas a reclamar ante las
diferentes instancias o entidades que determina la normativa vigente, toda persona
podrá reclamar el cumplimiento de los derechos que esta ley le confiere ante el
prestador institucional, el que deberá contar con personal especialmente habilitado
para este efecto y con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos
planteados. El prestador deberá adoptar las medidas que procedan para la acertada
solución de las irregularidades detectadas.
Si la persona estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han
solucionado las irregularidades, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud.
Un reglamento regulará el procedimiento a que se sujetarán los reclamos, el
plazo en que el prestador deberá comunicar una respuesta a la persona que haya
efectuado el reclamo por escrito, el registro que se llevará para dejar constancia
de los reclamos y las demás normas que permitan un efectivo ejercicio del derecho a
que se refiere este artículo.
Asimismo, las personas tendrán derecho a requerir, alternativamente, la
iniciación de un procedimiento de mediación, en los términos de la ley Nº19.966 y
sus normas complementarias.
Artículo 38.- Corresponderá a los prestadores públicos y privados dar
cumplimiento a los derechos que esta ley consagra a todas las personas. En el caso de
los prestadores institucionales públicos, deberán, además, adoptar las medidas que
sean necesarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los
funcionarios, mediante los procedimientos administrativos o procesos de calificación
correspondientes.
La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores,
controlará el cumplimiento de esta ley por los prestadores de salud públicos y
privados, recomendando la adopción de medidas necesarias para corregir las
irregularidades que se detecten.
En el caso de que ellas no sean corregidas dentro de los plazos fijados para
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este efecto por el Intendente de Prestadores, éste ordenará dejar constancia de
ello al prestador en un lugar visible, para conocimiento público, dentro del
establecimiento de que se trate.
Si transcurrido el plazo que fijare el Intendente de Prestadores para la
solución de las irregularidades, el que no excederá de dos meses, el prestador no
cumpliere la orden, será sancionado de acuerdo con las normas establecidas en los
Títulos IV y V del Capítulo VII, del Libro I del decreto con fuerza de ley Nº1, de
2006, del Ministerio de Salud.
En contra de las sanciones aplicadas el prestador podrá interponer los recursos
de reposición y jerárquico, en los términos del Párrafo 2º del Capítulo IV de
la ley Nº 19.880.

TÍTULO V
Disposiciones varias
Artículo 39.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre
Registro Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de
Justicia:
1) Agrégase, en el número 1º del artículo 3º, el siguiente párrafo
segundo, sustituyéndose el actual punto y coma (;) que figura al final del referido
número por un punto aparte(.):
“El padre o la madre, al requerir esta inscripción, podrá solicitar que, junto
con anotarse la comuna en que nació su hijo, se registre, en la misma partida, la
comuna o localidad en la que estuviere avecindada la madre del recién nacido, la que
deberá consignarse como lugar de origen de éste;”.
2) Modifícase el artículo 31 de la siguiente manera:
a) Elimínase, en el número 3º, la conjunción copulativa “y”, la segunda vez
que aparece y sustitúyese el punto aparte (.) con que termina el número 4º por la
expresión “, y”.
b) Agrégase el siguiente número 5º, nuevo:
“5º. La comuna o localidad en la que estuviere avecindada la madre del recién
nacido deberá consignarse tanto en esta partida, cuanto en el certificado de
nacimiento, como lugar de origen del hijo.
Disposición transitoria

Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia el primer día del sexto
mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Los reglamentos complementarios de la presente ley se dictarán dentro del mes
siguiente a la entrada en vigencia de ella.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 13 de abril de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento ley Nº20.584/2012.- Saluda atentamente a Ud.,
Nancy Sepúlveda Velásquez, Subsecretaria de Salud Pública (S).
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención en salud. (Boletín Nº4398-11).
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de
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constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley
orgánica constitucional que aquel contiene, y que por sentencia de 27 de marzo de
2012 en los autos Rol Nº2.159-12-CPR.
Se declara:
1º Que las expresiones “quien tenga el carácter de parte o imputado en” y
“defensores”, contenidas respectivamente en las letras c) y d) del inciso tercero del
artículo 13; y de igual modo el término “legales”, incluido en el inciso cuarto del
artículo 25 del proyecto, son inconstitucionales y deben ser suprimidos del texto
del proyecto de ley.
2º Que los artículos 13, inciso tercero, letras c) y d); 17, inciso cuarto;
25, inciso cuarto; y 29, inciso séptimo, del proyecto de ley, con exclusión de los
términos declarados inconstitucionales, no son contrarios a la Constitución.
Santiago, 27 de marzo de 2012.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.

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